Pedimos al Secretario de Estado de Seguridad la apertura de expedientes disciplinarios al Director General de la Policia, al Comisario Provincial de Vitoria y a un Inspector Jefe.

Alternativa Sindical de Policía dirige escrito al Secretario de Estado de Seguridad denunciando conductas delictivas del Director General de la Policía, el Comisario Provincial de Vitoria y un Inspector Jefe, solicitando la apertura de expedientes disciplinarios, adjuntamos el escrito para vuestro conocimiento.

No nos callaran con amenazas, creemos que nuestra obligación como policías es defender la legalidad y cono sindicato utilizar todos los medios legales para defender a nuestros afiliados.

Escrito denuncia

Don [….], titular del D.N.I: [….], con domicilio a efectos de notificaciones en Vitoria, calle Oñate 17 y dirección electrónica info@asipol.org, en su condición de secretario general de la organización sindical ALTERNATIVA SINDICAL DE POLICÍA (A.S.P.), comparece y como mejor proceda en derecho, EXPONE:

Primero. Que, en nombre de la organización sindical que representa, formuló querella criminal, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, contra el Director General de la Policía, don Francisco PARDO PIQUERAS, el Jefe de la División de Personal, don [….] y el Comisario Provincial de Vitoria, don [….], entre otros.

De oficio, el Juzgado de Instrucción No 1 de Vitoria ordenó incoar las diligencias previas número [….], constando, en las actuaciones, los relacionados con anterioridad en calidad de INVESTIGADOS. Asimismo, Alternativa Sindical de Policía figura como acusación particular.

Segundo. En relación con los hechos que motivaron la denuncia sindical ante la autoridad judicial, uno de nuestros representantes sindicales, en defensa de sus intereses y búsqueda del cumplimiento de la legalidad, asimismo, interpuso otra querella criminal por las presuntas comisiones de distintos delitos de coacciones, prevaricación administrativa y contra la libertad sindical. En ella, figuran como querellados: el Director General de la Policía, don Francisco PARDO PIQUERAS, el Comisario Provincial de Vitoria, [….] y el Inspector-Jefe don [….].

Admitida a trámite, la titular del Juzgado de Instrucción No 4 de Vitoria ordenó la incoación de diligencias previas, numeradas como [….], en donde constan igualmente como INVESTIGADOS las personas antedichas.

Tercero. Dado que los hechos descritos supra pueden suponer condenas penales, y por tanto, conllevaría la exigencia de responsabilidades disciplinarias, en aplicación de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo; y la Ley 3/2015, de 30 de marzo; así como la Ley 4/2011, de 10 de marzo; y el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, 

AL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, SOLICITA que, teniendo por presentado este escrito, se sirva a admitirlo y, en consecuencia, imparta las correspondientes instrucciones para que se proceda a la apertura de los correspondientes expedientes disciplinarios a:

don Francisco PARDO PIQUERAS,

don ,[….]

don [….] y

don [….],

con observancia del art. 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

PRIMER OTROSÍ DIGO, que, como quiera que está en juego la objetividad de uno de los querellados, en concreto del Director General de la Policía, quien tiene que resolver el Expediente Disciplinario No [….], cuyo original ha sido reclamado por la Autoridad judicial, sin que hasta la fecha conste su entrega, pues solo se ha procedido a su paralización en virtud de los arts. 22.1.d LPAPAC y 27.1 LORDCNP, a pesar de haber solicitado de parte su paralización con arreglo al art. 22.1.g LPAPAC, es por lo que, en atención a la legalidad vigente

SOLICITA que sea apartado de tal menester el Sr. Director General de la Policía y se cumpla con el mandato judicial de manera urgente, ordenando la remisión del expediente disciplinario original a la Autoridad judicial, que conllevará a la correspondiente interrupción de plazo, en vez de la operada.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO, que, interesa a los derechos de la organización sindical A.S.P., a los de la DGP y a los de la sociedad española que, el presente reciba la consideración de DENUNCIA.

Por ello,

SOLICITA que se tengan por hechas las anteriores manifestaciones y reciba tal consideración este documento.

TERCER OTROSÍ DIGO, que, el art. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, considera interesado en un procedimiento administrativo a cualesquier persona que lo promueva como titular de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, tenga derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

El art. 5 de la misma ley indica que los interesados podrán actuar por medio de representante, debiendo acreditarse la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos, si bien para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, debiendo el órgano tramitador del procedimiento incorporar al expediente administrativo tal acreditación. Cualquier deficiencia en la acreditación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se subsane el defecto dentro del plazo que deberá conceder al efecto dicho órgano administrativo.

Si bien, el art. 62.5 de la citada ley niega que una denuncia confiera, por si sola, la condición de interesado en el procedimiento, y la jurisprudencia señalada que el interés legítimo del denunciante se encuentra en la relación especial, con el objeto del proceso o del procedimiento, que se concreta en la titularidad de un interés directo, personal y legítimo que pueda ser afectado por la resolución que se dicte (vide STS de 22 de noviembre de 1996), en consecuencia el denunciante sí está legitimado para participar en el procedimiento sancionador y para obtener una respuesta administrativa, cuando la resolución estimatoria de sus pretensiones puede incidir en su esfera jurídica (vide SSTS de 21 de julio de 1995, 25 y 31 de octubre de 1996, 2 y 9 de noviembre de 1996 y 21, 24 y 29 de enero de 1997).

Por los anteriores argumentos, la condición de interesado es clara, rotunda y manifiestamente predicable respecto al sindicato que representa el dicente, de una parte, porque sus intereses legítimos, personales, directos se ven afectados, por la resolución definitiva que pueda tener el procedimiento.

DE NUEVO SOLICITA que tenga por hechas las anteriores manifestaciones y acuerde de conformidad con las mismas, resolver que la organización sindical ASP tiene la condición de interesada, por lo que debe recibir el tratamiento que a los efectos contemplan las leyes antedichas, debiendo informársele de las actuaciones que se lleven a cabo.

EL SECRETARIO GENERAL


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