El desprecio absoluto por la legalidad en la Dirección General de la Policía
Lo primero que cualquier persona, cualquier organización, cualquier «ser pensante» debe de hacer, incluso se podría decir que tiene obligación de hacer, es asumir cuando se equivoca y rectificar, aprender de los errores e intentar no volverlos a cometer.
Asumimos los nuestros y trataremos de corregirlos. Cuando el Sr. Marlaska fue nombrado Ministro del Interior lo vimos como una persona que venía del poder judicial, pero no de un poder judicial de biblioteca, venía de «las trincheras del poder judicial», y a los largo de su carrera judicial se había ganado el respeto de muchas personas, entre ellas de muchos policías, su fama le precedía y la fama era buena.
No quiere decir esto que todas sus decisiones [judiciales] nos parecían bien o nos beneficiaban como colectivo, no quiere decir que nos facilitara el trabajo, quiere decir que era una Magistrado que aplicaba la ley con criterio, que motivaba sus autos de una forma impecable, y que nos parecía que no era influenciable por las circunstancias del momento.
Lo que en resumen quiere decir que nos parecía un buen Juez, y así nos parecía porque lo había demostrado durante muchos años.
En base de esta trayectoria, suponíamos que traería cordura, y sobre todo rigor jurídico a la Dirección General de la Policía, que tanta falta hacía -y hace-. Suponíamos que alguien con acreditados conocimientos jurídicos, teóricos y prácticos, no sería fácil que se dejara engañar por los intereses de ciertas personas o estamentos, y por encima de todo estaría el cumplimiento de la normativa. Confiábamos en que una persona de su valía jurídica en un puesto de máxima responsabilidad en el Ministerio conseguiría que todos los atropellos a los que estábamos acostumbrados cesaran, y las decisiones se ajustaran a la legalidad. Creíamos que una persona de su talla no se vería influenciada por mucho comisario que le incitara a tolerar arbitrariedades. ¿Quién mejor que un Juez de reconocido prestigio para poner coto a la avalancha de irregularidades que se cometían en la Dirección General de la Policía y que acaban en los juzgados?
Pues hoy tenemos que rectificar, posiblemente sea el peor Ministro del Interior que hayamos tenido, o por lo menos desde que tenemos memoria. Intentaremos no juzgar a nadie por el trabajo desempeñado en otro puesto. Opinaremos por el trabajo presente y nunca por el pasado, nos equivocamos, lo asumimos y rectificamos.
La Policía Nacional se rige, entre otras normas, por la Ley 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. En dicha ley se establece que los puestos de trabajo se proveerán conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y antigüedad.
Y por supuesto, todos los actos administrativos deben estar razonados y justificados, alejados en definitiva de decisiones arbitrarias.
Desgraciadamente se ha hecho norma que en la Policía Nacional estos principios se han cambiado por la «dedocracia».
Y nos referimos a dedocracia cuando lejos de cubrir los puestos de trabajo por los principios que vienen establecidos en la ley, se cubren por los intereses personales del responsable de turno, y en determinados puestos de las máximas categorías, amparando las decisiones arbitrarias los responsables políticos, el Sr. Ministro Marlaska como máximo responsable del Ministerio.
Es llamativo como hoy, y desde «la antigua casa» del Sr. Marlaka, le «enmiendan la plana» -de nuevo- al nombramiento de cuatro comisarios como agregados en varias embajadas (Bogotá, La Habana, México y Moscú). Y lo peor, lo más grave, es que «llueve sobre mojado«.
Como se ha hecho habitual la decisión judicial no entra a valorar si los designados eran o no idóneos para el puesto, no hizo falta llegar a tanto esfuerzo, bastó con que el Tribunal comprobase que no había justificación en la designación de los cuatro comisarios, bastó con que el Tribunal comprobase que como en otras ocasiones, desgraciadamente muchas, no existía justificación porque entre los usos y costumbres de la D.G.P. se he instaurado el «porque si», el «flotar por encima del bien y del mal«, el creer firmemente que se pueden tomar decisiones sentadas en la más absoluta arbitrariedad, arbitrariedad entendida como falta de motivación, arbitrariedad entendida como oscurantismo, arbitrariedad entendida como «ordeno y mando porque soy el Jefe y todo lo puedo«, en definitiva: llueve sobre mojado en cuanto a la falta de motivación de las decisiones que legalmente han de estar motivadas.
No es cuestión en este momento de relatar la trayectoria personal de los comisarios designados, ya que con alguno hemos tenido ciertos enfrentamientos y nos hemos visto en los tribunales, con otros no hemos coincidido, pero si conocemos algunos episodios oscuros, suponemos, pues no tenemos datos objetivos para pensar lo contrario, que no tendrá esto nada que ver con que el Sr. Marlaska les conceda un «premio a los servicios prestados«. Si tuviéramos datos que nos llevaran a pensar en algún «premio» ajeno a lo regulado lo denunciaríamos como hemos hecho en otras ocasiones.
Tampoco sabemos que méritos, o que capacidad, o que característica les hace sobresalir por encima de los demás para ser designados a esos puestos. No lo sabemos nosotros, pero lo que es más grave es que no lo sabe el Tribunal, porque parece que no consta.
Por esta forma de otorgar las plazas durante mucho tiempo se ha venido interponiendo recursos en vía administrativa, A.S.P. ha iniciado un camino en el que cree que esta forma de otorgar las plazas, en algunos casos, puede ser delictiva, y por eso A.S.P. se encuentra personada en procedimiento penal contra el Director General de la Policía y otros responsables policiales por la forma de otorgar las plazas, en un caso concreto que creemos que se han otorgado plazas cometiendo un ilícito penal.
Creemos que los responsables de la D.G.P. «tiran con pólvora del rey» cuando se interpone recurso en vía contencioso administrativa, no les supone nada perder contencioso tras contencioso, y pagar costas tras costas, pues se paga con el dinero de otros y ellos nunca son responsables a título personal. Y ese sentimiento de impunidad ha llevado a algunos responsables a incumplir sistemáticamente la forma de provisión de puestos de trabajo, y ese incumplimiento sistemático, y con conocimiento, creemos que en algunos casos puede ser constitutivo de infracción penal.
Animamos a todos los miembros de Policía Nacional que sean víctimas de un hecho de este tipo, que pudiera encajar en algún tipo penal, que lo denuncien, que no se conformen con la vía contencioso administrativa, porque esa es el arma que está utilizando la D.G.P. para socavar nuestros derechos. Que denuncien a los responsables del incumplimiento de la ley si en sus actos se desprende la comisión de algún ilícito penal.
Por supuesto, como siempre, a los afiliados de A.S.P. ante cualquier acto de este tipo, nuestro servicio jurídico estudiará si se ha cometido alguna infracción, y actuaremos en consecuencia y en defensa de nuestros intereses como colectivo y intereses de nuestros afiliados.