¿En manos de quién estamos?
Hace algún tiempo escuchamos a una política decir que sólo cumpliría las normas que le parecían justas. Una frase graciosa y que habría que tomarla en su contexto, ya que provenía de una persona que únicamente tenía estudios medios y que su único mérito era el de activista. En ese contexto, el de una persona que en su trayectoria vital se especializó en profesionalizar la protesta es normal entender que siguiera en la misma linea, ya se sabe que aunque el burro se vista de seda, burro se queda. Cosa distinta fue cuando sus amenazas se convirtieron en realidad y se comenzó en una parte del territorio a incumplir la ley, pero de eso ya se encargo el Tribunal Supremo, y actualmente es «cosa juzgada». Agua pasada no mueve molinos.
Creíamos que sólo en una parte del territorio se había institucionalizado el incumplir la normas que no nos gusten, creíamos que en los demás se respetaba la separación de poderes y se cumplían tanto las normas como las decisiones judiciales en el ámbito que eran de obligado cumplimiento, incluso aunque no nos gustaran.
Desgraciadamente vemos como en el ámbito de la Dirección General de la Policía, no se cumplen, o se cumplen a medias, y explicaremos esto para que no haya malos entendidos:
La Dirección General de la Policía ha iniciado un camino en el que está usando el régimen disciplinario a antojo de sus intereses, haciendo un cajón de sastre para sancionar todo tipo de conducta que no les guste, encaje o no en las infracciones reguladas, si les interesa ya lo hacen encajar. Esto, como es lógico -y además lo saben- no deja otra salida que acudir a la vía judicial para defender los derechos de las personas sancionadas injustamente, lo que lleva a alargar los procesos de forma intencionada. Esta afirmación la basamos en la cantidad de contenciosos que está perdiendo la D.G.P., un número bastante elevado si tenemos en cuenta que hay especialistas que deberían tener amplios conocimientos para no cometer tantos errores o interpretaciones erroneas.
También deniegan sistemáticamente derechos de los funcionarios, derechos que saben que acabarán en la vía contenciosa y perderán, como ejemplo baste un botón en cuanto a los miles de procedimientos que se iniciaron para reclamar la turnicidad y que la D.G.P. continuó denegando sistemáticamente aún sabiendo a ciencia cierta que perdería el procedimiento judicial y pagaría, provocando un gasto de tiempo al funcionario afectado, pero sobre todo, un gasto del dinero de todos en pagar costas judiciales, parece que como «tiran con pólvora ajena» esto no es problema.
Si tenemos tiempo sumaremos todo lo que ha costado a las arcas públicas las costas judiciales de los procedimientos perdidos por la D.G.P., que les aseguro que no es tarea fácil.
Esto provocó, y provoca actualmente, que la D.G.P. haya hecho costumbre el dilatar en el tiempo el cumplimiento de las sentencias firmes, argumentando que están saturados y que no dan a basto para ejecutar todas en los tiempos establecidos. No nos sorprende, no tienen tiempo a manejar el alto volumen de contenciosos que pierden, porque es un número escandaloso, pero las normas están para cumplirlas, las que establecen plazos también.
Pero el escándalo, si me permiten la licencia el «escandalazo» ha llegado de manos del Tribunal Supremo (otra vez por vía judicial), resulta que la oposición de ingreso en la policía por la Escala Básica publicada el 15 de noviembre es irregular porque incumple lo establecido por el Tribunal Supremo al excluir en las bases a los aspirantes con cuerpos intraoculares o lentes fáquicas, un requisito que el propio Supremo suspendió en septiembre de 2021 y que se ha mantenido en la resolución de la Dirección General de la Policía.
Esto aparte de ser vergonzoso y vergonzante, que sería lo de menos porque parece que nuestros responsables han perdido la vergüenza hace mucho tiempo, retrasa el proceso selectivo, con el daño para los opositores que ven alargado el proceso y daño para la organización que puede ver retrasada la incorporación de nuevas incorporaciones en un momento de falta de recursos humanos.
En la Policía Nacional, los miembros de la Escala Superior (también la Escala Ejecutiva), pertenecen al grupo de funcionarios más alto, grupo A, subgrupo A1, y tienen niveles que comienzan en el 24. Todos ellos tienen titulación universitaria… vamos, que tontos… tontos…. no deberían ser, se les presupone una capacidad más allá que el mero error de bulto (caso aparte los titulados por la Juan Carlos I en los polémicos masters).
Pues bien, no basta con ser del grupo más alto de la administración, no basta con titulaciones universitarias, parece que los más incapaces llegan a los puestos de dirección y de responsabilidad porque errores de bulto como los que se están cometiendo en los últimos tiempos parecen que tienen difícil justificación. También llegan personas capaces y brillantes, dignas de admiración, las conocemos y las respetamos, pero «se cuelan» otros que provocan estos «desaguisados«.
Quizá haya que hacer una criba entre los máximos responsables e incentivar que vuelvan al arao los que nunca debieron pasar delante de los bueyes, porque parece que ni el grupo de la administración ni la titulación universitaria representan nada ya.
Y sobre todo, y por encima de todo, que no despilfarren el dinero público en solventar errores garrafales que no se deberían cometer, o no de forma tan sistemática, esos errores cuestan dinero público ¿quién se hará responsable de este despilfarro?