Traslado a efectos de identificación, entrada y registro autorizada por el morador, y examen de conciencia

Pues bien mis queridos amigos, hoy les traigo una Sentencia del Tribual Supremo, larga y extensa, y muy ilustrativa sobre una actuación policial que seguro a más de uno, y de dos, les parece impecable, y que nuestro Alto Tribual enmienda, con una argumentación exquisita, fijándose en detalles, pequeños pero importantes… que nos deben hacer reflexionar y realizar propósitos de enmienda.

La sentencias, como no podría ser de otra forma, es de la Sala de la Penal, de enero de 2021, y su ponente el Excmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura.

Empezaremos con un relato, una historia, en forma de hechos probados y respetando la anonimización de datos hasta limites insospechados, comenzamos:

Sobre las 23:30 horas de un día cuaquiera, hallándose los agentes de la Guardia Civil que depusieron en el acto de juicio, el número 1, el 2 y el 3 , patrullando en una de las calles de un pueblo español, en preaviso de control de posible actividad de venta de drogas al menudeo, dieron el alto del acusado cuando pasaba conduciendo su vehículo superchulo; y, al preguntarle si portaba sustancias estupefacientes, reconoció, tras inicial negativa, que sí, entregando a los agentes una bolsita con cocaína y otra con hachís. También fueron hallados entre sus pertenencias dos teléfonos móviles y 370 euros distribuidos en billetes de 50, 20 y 10 euros. Al objeto extender acta de intervención y expediente sancionador por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública, y dado que el acusado no podía concretar domicilio, manifestando uno no coincidente con el reflejado en su D.N.I (decía residir encima de un bar en el pueblecito de Tocamelroque, sin más datos), los agentes le informaron de la necesidad de comprobarlo, sugiriendo acompañamiento al cuartel o al domicilio que se refería, accediendo a esto segundo el acusado. Desplazados a dicho lugar en los respectivos vehículos, conduciendo el acusado el suyo, delante, y siguiéndolo el vehículo oficial, llegaron a la dirección que resultó ser Calle del Pez  45 , 5ºC , Tocamelroque. Una vez allí, y al abrir aquél la puerta de su domicilio, que tenía las luces encendidas, los agentes pudieron ver, desde el rellano o portal, y sin necesidad de entrar, una mesa de madera, reflejada fotográficamente en las actuaciones, sobre la cual había un bote de cristal conteniendo una sustancia blanca, una bolsa transparente con sustancia blanca en su interior y una báscula de precisión. Ante dicha apariencia, el acusado, nervioso y consciente de lo que los agentes acababan de ver, dijo a éstos » … sí, ya lo habéis visto, tengo más cocaína». Informado por los mismos de que tendrían que abrir diligencias por presunto delito contra la salud pública – tráfico de drogas, y de la posibilidad de autorizar una entrada y registro voluntario en el domicilio, el acusado accedió a ello, suscribiendo la correspondiente autorización y acta, al tiempo que manifestaba «…me habéis cogido, llevo sólo dos meses haciéndolo, lo hago por necesidad, que tengo que mantener a mi madre y a mi hermana».

Se realizó el registro con presencia de dos testigos, y se intervino manteca y dinero en abundancia, pero eso ya tiene menos importancia para el caso.

Actuación intachable, todo voluntario, colaborador como dirían algunos, como le gusta al policía. Voluntario si, colaborador también, pero ¿legal?, veámoslo mis queridos amigos:

Paso por paso, primero unas premisas que no por sobradamente conocidas dejan de ser importantes, diría que esenciales:

  • .El Tribunal Supremo, en múltiples ocasiones (STS 921/2007, entre otras,) se ha señalado que el consentimiento para la entrada y registro en el domicilio debe ser prestado por su titular en condiciones que excluyan cualquier clase de coacción o presión psicológica que le pudieran conducir a una renuncia indebida de las garantías que le reconoce el artículo 18.2 de la Constitución. Por supuesto, si la persona que ha de prestar consentimiento esta detenida esta debe ser prestada con asistencia de su abogado.
  • Una privación de libertad no deja de serlo por el mero hecho de que el afectado la acepte ( Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de junio de 1971, Caso de Wilde, Ooms y Versyp, II, 65).
  • El Tribunal Constitucional ha venido rechazando la existencia de cualquier tertium genus o categoría intermedia entre la libertad y la detención.

Sentadas estas premisas sigamos la linea argumental del Tribunal. Comienza interrogándose si desplazamiento desde el lugar donde la Guardia Civil paró al vehículo conducido por el acusado hasta su domicilio, se realizó encontrándose éste o no en libertad, -argumenta también en la sentencia si es o no un delito flagrante, pero para el caso que vemos no nos importa, aunque desvelo que evidentemente no hay flagrancia-.

A esta cuestión se responde el Alto Tribunal, como seguro que han adivinado, que evidentemente el traslado a efectos de identificación es una verdadera privación de libertad, aunque incluso como se ha visto, el acusado condujese su vehículo y fuera seguido detrás por la patrulla de la benemerita, literalmente cita la sentencia: «Y también, por descontado, la situación en la que desde este momento pasó a encontrarse constituye sin duda una privación de libertad que, en nuestro ordenamiento jurídico, solo puede ser calificada como detención«.

Pero no queda ahí la lección del Alto Tribunal, ahonda más en la intervención, arrojando luz en las sombras:

Se plantea y analiza el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y recuerda que este artículo regula el traslado a efectos de identificación cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica, además de darse otros supuestos tasados, y habilita a que les acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia. Y son dos peculiaridades que debemos de recordar, la vía telemática y telefónica y a dependencias policiales más próximas.

Con un tacto exquisito expone el Tribunal la cuestión sobre si es necesario o no trasladar a esta persona, que se identifica con DNI y únicamente falta su domicilio -que manifiesta no ser el que figura en el DNI y no recordar-, reflexiona el Tribunal sobre si esta circunstancia no se podría haber solventado con una llamada de teléfono…. pero pese a ello da el beneficio de la duda a la «benemerita pareja». No por la existencia de la benevolencia judicial en este caso deja de ser un motivo de reflexión para nosotros. Bien merece citar unas freses de la sentencia cuando se refiere a este punto: «Puede aceptarse así que concurría el presupuesto legal para dicho requerimiento, por más que en la resolución impugnada no se precisa, –nada se dice acerca de–, extremo alguno relativo a la imposibilidad de haber acudido a cualquier otro medio de identificación, — como podría haber sido, por ejemplo, el empleo del teléfono para intentar contactar con ese objeto con el familiar con el que [nombre del Zagal] aseguraba vivir–«

Pero el que consideramos el mayor de los «zascas» es cuando analiza el Tribunal si es correcto trasladar a su domicilio a la persona que se va a identificar, en vez de a dependencias policiales como indica la norma….. ¡¡¡Hay lo que se llega hacer por escribir menos y lo caro que puede salir!!!, veámoslo: 

Se trata de una imaginativa opción que no es, sin embargo, consistente con la exigencia del artículo 16.2 de la LOPSC que con toda claridad alude a «las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia».

Y continua argumentando:

[…]no tratándose, a nuestro parecer, de una cuestión baladí. Efectivamente, no es lo mismo ser requerido para acompañar a los agentes a una dependencia oficial, con las garantías que ello mismo comporta, que serlo para emprender un viaje, en especial cuando, como aquí, el lugar en el que se inició la identificación y el domicilio del interesado, –que se hallaba, como ha quedado establecido, privado de libertad–,[…]

Bien mis queridos amigos, el final ya lo habrán supuesto, el zascandil finalmente queda absuelto, pues al anularse el registro que se hizo con él en situación de privación de libertad y su consentimiento se presto sin abogado, la prueba nula, el árbol podrido y la manzana maldita…. quizá la próxima haya mas suerte.

Pero no debemos quedarnos solo ahí, debemos sacar más conclusiones, la principal a mi modo de ver que las leyes no son orientativas, el coche policial no es un taxi, y los paseos se dan al atardecer, si hay que llevar al cliente a una dependencia policial para identificar, pues es a una dependencia policial, no es a su casa, ni a la de un amigo, ni a la de su padre….. que pecamos de buenos.

Y hasta aqui hemos llegado mis queridos amigos, nos vemos por los bares.