La Dirección General de la Policía vuelve a hacer el ridículo judicial.
Parece que la Dirección General de la Policía, de la mano de la Abogacía del Estado, nunca tiene bastante cuando se trata de hacer el ridiculo judicial, extremo que no tendría mayor importancia si no fuera porque lo hace tirando el dinero público y abusando de la posición privilegiada de las Administraciones Públicas frente al administrado.
Lo veniamo diciendo con anteriorioridad, en nuestro artículo «¿En manos de quién estamos?» y en «El desprecio absoluto por la legalidad en la Dirección General de la Policia«
La Dirección General de la Policía, bajo el paraguas que ofrece la Abogacía del Estado, y la gratuidad de pleitear (se lo pagamos entre todos), abusa de los procedimientos judiciales aún a sabiendas de que los tiene perdidos.
Así lo publica Confilegal en su página web, la Dirección General de la Policía ha hecho norma recurrir hasta el absurdo todos los procedimientos judiciales que pierde, y los pierde por su forma chapucera de hacer las cosas, forma chapucera que queda acreditada cuando los distintos tribunales les enmiendan sus actos.
Hasta tal punto a llegado el despropósito que el mismo Tribunal Supremo «se ha hartado», y se ha hartado de que le hagan perder el tiempo, y saturen las salas, con recursos que saben a ciencia cierta que van a perder, y únicamente les mueva el impulso de dilatar los procedimientos.
Según publica Confilegal el T.S. ha desestimado los recursos de la D.G.P. (de la Abogacía del Estado) sobre los procesos selectivos en la Policía Nacional.
El T.S. después de desestimar multitud de recursos, ya ha optado por no admitirlos a trámite, y a tomado esta decisión argumentando falta de interés casaciones por la abundante jurisprudencia en contra de la tesis planteada por la Abogacía del Estado. Así, la Abogacía del Estado se queda sin argumentos para alargar los procedimientos judiciales -en materia de procesos selectivos-, y perjudicar a muchos administrados que veían dilatada sus pretensiones tras haber ganado sentencias en los Tribunales Superiores de Justicia.
Parece que ahora se «les quitará el vicio» (en esta materia) de recurrir todo, aún sabiendo que no tienen ninguna posibilidad de ganar, y con el único interés -aparentemente- de alargar los procedimientos.
Si algún día llegara una formula legal que posibilitase al Tribunal sancionar personalmente al abogado que presenta el recurso cuando un recurso se pone con una clara y manifiesta intención de alargar los procedimientos, cuando el tribunal vea claramente mala fé, como parece que está sucediendo (según parece sugerir el T.S.), sin ningún animo de corregir un error judicial sino sólo de dilatar la ejecución de la sentencia, estas prácticas podrían acabar.
Mientras al Estado, a la D.G.P. le salga gratis recurrir, mientras la condena en costas para el Estado sea particularmente limitada, mientras se pague con el dinero de todos, que parece que no es de nadie, tendremos que soportar la aplicación del derecho como la prolongación de «la ley de pernada«.